Un registro de algoritmos públicos solo puede contener lo que el Estado compró
Traducción automática del original en inglés, publicada sin revisión humana. En caso de duda, prevalece el inglés. Si un fragmento suena mal, selecciónelo y márquelo al final de la página.
El Global Index on Responsible AI evalúa 135 países según 38 indicadores. Transparencia y explicabilidad figura entre sus indicadores con mejor desempeño, con un 58% de países que cuentan con algún marco. Solo un 18% exige la divulgación pública de los algoritmos que el propio gobierno opera.
De los 135, 126 tienen al menos una política o iniciativa gubernamental entre los 17 indicadores de política de IA del índice. Nueve no tienen ninguna. Ese recuento ha dejado de distinguir a nadie, y seguirá subiendo.
Ese 18% cuenta obligaciones, no visibilidad. Un gobierno puede ya publicar lo que utiliza al amparo de las normas de acceso a la información, sin ningún mandato específico de IA. La cifra señala dónde se ha escrito un deber.
Hay un techo más duro, aguas arriba de cualquier norma. Un registro solo puede contener lo que el Estado compró y admite poseer. Una encuesta de la UNESCO a más de 560 profesionales judiciales en 96 países encontró que un 44 por ciento de ellos usaba herramientas de IA en su trabajo, y un 9 por ciento cuya organización había publicado directrices o impartido formación. Esas herramientas llegaron por la vía del individuo, no de la contratación pública, y no dejan contrato alguno que inscribir en un registro.
Así, la parte que un registro puede describir se encoge frente al resto: el 44 por ciento de esos trabajadores judiciales ya usa herramientas que nadie contrató. Y un registro nombra sistemas, no por qué se denegó una solicitud, ni qué puede hacer después la persona.
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Tiago C. Peixoto · English original · About